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DIFICULTADES QUE EL BINOMIO TRADICIÓN-MODERNIDAD PLANTEA A LAS POLÌTICAS PÚBLICAS DEL MÈXICO DE HOY.
Introducción
En términos muy generales, las políticas públicas procuran diseñar esquemas de gestión y de decisión para responder a las demandas de la población de un país, de una entidad federativa o un municipio, en los planos social, político y económico. Desde la perspectiva de la “ciencia de políticas”, se trata de una intervención de la inteligencia en los procesos de la vida pública.
Esa intervención es “interdisciplinaria”, en tanto que supone la participación de distintas ciencias en el esclarecimiento del fenómeno de la decisión, para propiciar la articulación de políticas racionales que reduzcan la posibilidad de conflictos sociales y resuelvan de modo eficiente —técnica y científicamente—
problemas concretos que afectan directa o indirectamente a todos los sectores, grupos y clases sociales. “En cierta medida, la calidad de la función de la inteligencia, depende de su capacidad para anticipar exitosamente las necesidades de una política antes de que éstas hayan sido ampliamente reconocidas.”
El consenso y la aceptación de la heterogeneidad social y cultural son principios normativos fundamentales que forman parte del marco filosófico, humanista y democrático que marcaron el nacimiento de la “ciencia de políticas”. Tal es el distintivo propiamente “norteamericano” de la orientación de esta Policy Sciences, de acuerdo al concepto de su fundador Harold D. Laswell. Sin embargo, como toda ciencia, puede resultar eficaz también en marcos normativos y filosóficos distintos. Tal es el caso de Cuba, donde la intencionalidad ideológica del ejercicio del poder, su contexto geopolítico y su especial evolución histórica y cultural son opuestos a las del llamado “mundo democrático”, pero igualmente toman provecho del imperativo de intervención inteligente en los procesos públicos para evitar en lo posible los costos sociales y políticos de las medidas tomadas. Los responsables de las altas esferas de decisión, en Cuba, han empezado a calcular en términos cualitativos y cuantitativos las posibles consecuencias de la muerte del líder de la Revolución, Fidel Castro, por ejemplo. Mediante el análisis político, sociológico y cultural (y hasta informático, pues han creado software a propósito) los cubanos han visualizado los diferentes escenarios que podrían presentarse y han adelantado ya el corpus de decisiones que podrían ser pertinentes, según las circunstancias predichas en cada escenario.
Es decir, para los cubanos, la sustitución del nuevo dirigente es una cuestión de interés público en tanto que el contexto histórico y militar como su posición geopolítica se así lo exigen.
Por razones ideológicas, históricas y de otra índole, la concepción sui generis de “democracia” que poseen los cubanos es distinta a la de otros países. Los cubanos no comparten el concepto de democracia de los norteamericanos, pero sí se sirven, en cambio, de las ventajas que puede garantizar el estudio de la ciencia de políticas, aunque el origen de estas se ubique en su país vecino y enemigo. Independientemente del contexto, la orientación y los valores del sistema social de una sociedad dada, se impone, de todos modos, cierta racionalidad a la hora de articular la trama de decisiones mediante las cuales se pretende afrontar problemas o responder a demandas generales sentidas de la población.
La democracia tiene una historia distinta en México. En una tradición persistente de fraudes electorales, la presión social y política demandó —casi todo el siglo anterior— certidumbre en la organización y resultados de los diferentes comicios. El problema real era el autoritarismo expresado en la imposición fraudulenta realizada sistemáticamente en los procesos electorales; así el PRI renovaba su legitimidad, pero evitaba el uso de la fuerza militar para mantenerse en el poder, lo que al final de cuentas representaba una relación costo/ beneficio en términos políticos.
Con todo, es preferible ejercer la ciencia de políticas en una sociedad abierta y democrática que en un autoritarismo disfrazado de democracia. Una razón es que el autoritarismo genera costos que no suelen compensarse con los logros administrativos e instrumentales de sus políticas. Pero hay otra razón: la necesidad de contar con condiciones propicias para estudiar científicamente el fenómeno de la decisión. Hay que establecer las posibilidades de las decisiones inteligentes como factor para resolver problemas sociales y políticos. “El futuro está abierto —dice Popper—, y nosotros somos responsables de hacer lo que podamos para conseguir un futuro todavía mejor que lo que es el presente. Pero esta libertad presupone responsabilidad. Bajo una tiranía somos esclavos; y los esclavos no son completamente responsables de aquello que hacen.”
¿Tradición versus Modernidad, centralismo versus federalismo?
En el caso de México, las prácticas tradicionales de diferente catadura social, el centralismo, así como las luchas en contrario por establecer una “auténtica” república federal abierta a la modernidad, han dificultado la elaboración de políticas públicas de eficacia y eficiencia aceptables.
Las contradicciones tradición-modernidad, centralismo-federalismo, se han reflejado a lo largo de nuestra historia. La Constitución de 1824, por ejemplo, plasmó las aspiraciones de establecer una república federada capaz de articular a las diferentes regiones en relaciones de equidad; no obstante, las fuerzas conservadoras dieron marcha atrás durante casi veinte años desembocando a mediados del siglo XIX en la guerra de Reforma liderada, entre otros, por Benito Juárez.
Los conservadores del XIX eran portadores de la tradición centralista del virreinato, que concentraba el poder político y económico de la Nueva España, mientras que los reformistas se apoyaban en la vanguardia liberal, promovida en el mundo occidental (Europa y Norteamérica).
La Constitución de 1857 significaría la restauración de la república y el reconocimiento de las regiones como estados libres y soberanos. No obstante, en el siglo XX, a pesar de nuestro presunto estatus republicano y federado, se constituyó un estado poderoso que practicó un centralismo desmedido. El centralismo de los poderes y de las decisiones puede —aunque no siempre— afectar la eficiencia de las políticas públicas. Sin embargo, en el caso de México, el centralismo siempre ha sido nocivo porque ha sido incapaz de promover el desarrollo equilibrado de nuestras regiones. Tenemos así unos estados muy ricos frente a unos estados muy pobres; unos estados que aportan más impuestos y otros que son casi subsidiados por la federación. En un escenario de esa naturaleza, resulta difícil consensuar y aplicar políticas de beneficio general. Por tanto, México posee problemas de carácter “estructural” que se tienen que resolver antes que otros. Una vez resueltos los problemas estructurales, es más fácil resolver otro tipo de demandas sociales.
Esos problemas estructurales son los que debe afrontar una reforma del estado para establecer una auténtica estructura republicana y federada:
1) Instituir la vigencia del Estado de Derecho (acabar con la impunidad y poseer un sistema de justicia expedito); esta es necesaria para instrumentar políticas de seguridad pública que garanticen buenos resultados.
2) Distribución de la riqueza (economía fuerte que impacte favorablemente a todos los sectores y clases sociales); nos puede permitir controlar los problemas migratorios, disminuir los índices de pobreza y fincar bases tecnológicas, sociales y culturales para el desarrollo del país.
3) Fortalecimiento de la democracia, (que exige la revisión del actual sistema de partidos, la inclusión de sectores marginados y grupos emergentes, así como la búsqueda de nuevas formas de participación ciudadana).
Ahora bien, la forma de plantear esos problemas estructurales y las correspondientes propuestas para resolverlos actualmente varían de un partido a otro y de un sector a otro. Las percepciones son variadas al respecto; pero básicamente pueden describirse las dos principales. La primera promueve, desde 1982, una modernización neoliberal basada en un programa de adelgazamiento del estado, el fortalecimiento de la iniciativa privada y la incursión competitiva en el sistema de mercado internacional. El concepto de modernidad manejado por los neoliberales se opone tajantemente a casi toda forma de tradición: exige modificar las políticas aplicadas al campo, neutralizar o desaparecer los ejidos modificando la propiedad de la tierra, cambiar el tipo de relaciones obrero-patronales, cambiar los patrones para el otorgamiento de los servicios educativos y de salud (modificar el sistema de bienestar social), entre otras cosas.
La modernización neoliberal llegó a su máxima expresión en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero fue en ese mismo período que irrumpió violentamente la prueba más patente de su inconsistencia, como lo fue la salida a la escena pública del neozapatismo liderado por el Subcomandante Marcos. Independientemente de que, desde el punto de vista ideológico, se congenie o no con la orientación del neozapatismo, es evidente que la modernización neoliberal ignoró o minimizó la existencia de un sector de la población altamente marginada y discriminada: los indígenas.
La emergencia política de los indígenas cambió la percepción de la realidad mexicana y ha obligado, desde entonces, a las instituciones políticas (partidos, gobierno, Estado, etc.), a modificar sus actitudes y sus programas.
Tanto los campesinos como los indígenas representan la cultura tradicional de nuestro país, una forma de entender la relación con la tierra y, en última instancia, de ver el mundo. El apego territorial de estos grupos está altamente vinculado a su cosmovisión, es decir, a su cultura. Esto obliga a los partidos, a los gobiernos, a los sectores sociales, a los intelectuales, a repensar la Reforma del Estado que México necesita en estos momentos.
Ciertamente, la modernización neoliberal parecía, en su momento, prometedora. No obstante, la crisis del 94 y el surgimiento del neozapatismo revelaron a los mexicanos y al mundo las bases endebles en las que reposaba.
Conclusiones
El problema del concepto de modernidad manejado por los neoliberales peca de maniqueísmo ideológico, al oponerlo a un concepto artificial de “tradición”. Tal fue el error que propició el fallo posterior de las políticas y las decisiones desarrolladas por el neoliberalismo desde 1882 a 1994. Más adelante, en el sexenio de Ernesto Zedillo, la crisis del Fobaproa mostraría las inconsistencias de nuestro aparato de justicia para acotar la corrupción. La impunidad amenaza, desde entonces, el estado de derecho, la certidumbre jurídica y la seguridad pública.
En un escenario así, se dificulta diseñar las políticas públicas adecuadas, pero no es imposible. Hay que empezar por acabar con la oposición artificial tradición-modernidad. Los neoliberales pensaron (piensan todavía) que las prácticas tradicionales del campo están asociadas necesariamente al estado fuerte y protector y a la idea de una economía limitada al mercado interno. Esto es inexacto. En el marco de unas prácticas económicas tradicionales es posible propiciar también su participación en el mercado internacional (¿qué lo impide?). Es cuestión de desarrollar las políticas adecuadas para promoverlas. “Lo que estamos acostumbrados a considerar como “tradicional” no necesariamente se opone a lo que es “moderno”, ni está evolucionando en sentido progresivo desde formas corporativas (patrimonialismo, caciquismo, clientelismo) hacia formas de participación “ciudadana”. Resulta entonces más conveniente hablar de culturas políticas de intersección, o de imbricación entre valores modernos y tradicionales, que de cultura política de transición.”
La tradición es, pues, cultura; pero también es un sistema concreto de prácticas ejercido por grupos y sectores sociales determinados. Esto es, ejercidos por sujetos sociales reales. Si se ataca la tradición en el diseño de las políticas públicas, se cae automáticamente en una postura excluyente, —lo que demerita nuestra democracia, que es uno de los elementos indispensable para la construcción de una sociedad abierta y con posibilidades de desarrollo.
Estructurar una forma de vida donde la identidad y la diferencia coexistan es indispensable para ampliar el horizonte de actuación de la inteligencia humana en el centro de los problemas del mundo actual. Ampliar este horizonte significa ir dejando, paulatinamente de lado, las decisiones espontáneas producto de la pasión del momento o de los intereses inmediatos de un grupo o una clase social.
C.D. Andrés Bogarín Serrano. Maestría en Política y Gestión Pública.
