La UAN, entre su marco jurídico y la confianza

Por: Andrés Bogarín Serrano.
Por su dimensión y complejidad, la educación Universitaria en nuestro estado, por la variedad y calidad de los actores que en ella intervienen, es un tema delicado y de gran importancia para el logro de los fines asignados al quehacer educativo. el término designa un conjunto de elementos que tienen que ver con la manera con que se definen las políticas educativas de la mismas.
En el ámbito de la educación media superior y superior en nuestro estado la toma de decisiones es compleja y se ve afectada por la influencia de grupos de interés cuyas expectativas pueden ser variadas y en ocasiones contrapuestas.
Por lo anterior se hace patente la necesidad de revisar su marco jurídico y actualizarlo ya que al tiempo actual no responde a las necesidades actuales ya reflejadas en la presente crisis de confianza que vive la institución.
Se considera necesario que el cuerpo normativo se ajuste para que responda a las necesidades de la educación universitaria en este momento de adecuación obligada, sin abandonar sus principios esenciales, como el derecho a la educación y la gratuidad de la enseñanza, buscando siempre la calidad con equidad agregando un nuevo elemento como es el de la participación social.
El tema es complejo y por la naturaleza técnica especializada de lo anterior se recomienda establecer un equipo de trabajo, integrado por los conocedores de la legislación educativa expertos en temas educativos, profesores, investigadores y representantes de la sociedad, entre otros, para que juntos realicen una revisión completa del marco legal vigente de nuestra institución, y formular recomendaciones, con miras a la integración de un cuerpo integrado y coherente donde se deban impulsar nuevas acciones que den certeza Jurídica al manejo de la institución.
En resumidas cuentas la revisión para la actualización del marco jurídico actual, debe visualizar una nueva gobernabilidad, más democrática y acorde con los tiempos que vivimos.
Se debe profundizar en la promoción y coordinación de esfuerzos que priorizen la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos asignados.
También se debe redefinir el papel en la toma de decisiones del sector de actores como el poder legislativo, las organizaciones sindicales y la institución misma cuyas decisiones deberán ser transformadas hasta donde le permite su autonomía, en cuya decisión debe buscar fortalecer la participación de la sociedad como instrumento de mejora educativa y rendición de cuentas.
También se debe buscar reformular y transparentar las reglas y mecanismos con base en los cuales se le asignan los recursos públicos tanto federales como estatales.
En el presente análisis se puede integrar como un proceso parcial en la actualización completa del nuevo marco jurídico que ante la crisis de nuestra institución en el estado obtenga el sustento necesario para que a partir de ahí la UAN, genere un proceso de confianza ante su comunidad y ante los ciudadanos.
Concluyo convencido qué en la construcción de un país mas equitativo, socialmente más justo, en el que un numero creciente de personas pueda vivir dignamente de su trabajo y contribuya a su desarrollo personal y familiar y al mejoramiento comunitario y regional, la UAN como máxima institución de educación superior en nuestro estado, deberá jugar un papel sobresaliente con un nuevo marco jurídico que le dé estabilidad y efectividad a su toma de decisiones.
Sabedores que no existen leyes ideales o perfectas para resolver los problemas de la Universidad, no hay que perder de vista que una de las finalidades de las universidades es formar jóvenes críticos y capaces de tomar decisiones.
Por ello, es tarea de la universidad sentar las bases para que desde nuestro propio marco jurídico se establezcan aquellos principios que rijan la vida universitaria, garantizando que acciones que afectan en su interior, en todos los aspectos, administrativos, docentes, financieros, etc, se vea reflejada el sentir de la comunidad universitaria; buscar que en las decisiones de su máximo órgano sea respetado lo que la comunidad en general requiere.
Hay que analizar a fondo aquellos tópicos que tan cuestionados han sido – el papel de los sindicatos, la federación de estudiantes, las formas de elecciones, la transparencia y rendición de cuentas, y todos aquellos que se consideran que han afectado y llevado a la Universidad a la crisis que todos conocemos- pero temas que son vistos desde afuera; y que quizás nadie más que la comunidad universitaria conoce a fondo, son los reales protagonistas, y ahí radica la importancia de reconocer los problemas para dotarlos de soluciones, y no proponiendo un modelo ideal de normas, sino aquellas únicas y necesarias para abatirlos.
Entonces, la responsabilidad de la Universidad Autónoma de Nayarit, fundamentada en la autonomía, no puede quedar limitada a normas propuestas por los poderes públicos, ni solamente a aquellas que considera aspectos académicos o de organización; lo que la universidad requiere lo sabe la universidad, y depende de un proyecto definido precisamente por la colectividad universitaria.
El marco normativo institucional debe evolucionar, alejarnos de modelos clásicos, obsoletos, cómodos; las necesidades y las demandas sociales imponen cambios, por ello, debemos evitar y acabar con las resistencias culturales, y buscar que se expida una verdadera legislación que quizás, sí, modifique esquemas pero robustezca la calidad en la docencia, la responsabilidad de los órganos de gobierno, garantice la investigación, genere condiciones para una verdadera política universitaria y para la universidad, y aún más.

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