Pueblo, clientela y ciudadanía

Pueblo

El concepto de “pueblo” es muy socorrido en la retórica política. Hace poco el presidente Felipe Calderón dijo: “nuestro único patrón, el único a quien servimos es el pueblo de México”. El ex candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, siempre insiste que él está “del lado del pueblo, no de las mafias”. Y en otra declaración reciente el senador priista Manlio Fabio Beltrones afirmó que el incremento a los precios de las gasolinas era “a costa de empobrecer más al pueblo”.

Cada vez que escucho este tipo de discursos me pregunto: ¿De quién están hablando los políticos? ¿Quién es el pueblo? ¿Es Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, parte del pueblo mexicano? ¿Sólo los pobres son pueblo? Y los que tenemos más dinero, ¿No somos pueblo? ¿Dónde comienza y dónde termina el pueblo?

El Diccionario de la Real Academia Española da cinco acepciones del vocablo “pueblo”: 1. Ciudad o villa. 2. Población de menor categoría. 3. Conjunto de personas de un lugar, región o país. 4. Gente común y humilde de una población. 5. País con gobierno independiente. Entonces, cuando los políticos hablan del “pueblo”, ¿a cuál de todas las definiciones se refieren?

Pueblo, clientela y ciudadanía

Supongo que, en la mayoría de los casos, la utilizan en su cuarta acepción, es decir, la gente más pobre del país. En inglés una de las definiciones de la palabra “people” es similar a la del idioma español: “gente común” o “plebeya”. Se trata de un significado que viene del sistema aristocrático-feudal donde cualquier persona que no fuera noble, militar o eclesiástica, y que por tanto no gozaba ni de fuero ni de privilegios, pertenecía a la clase social más baja que era la plebe.

Desde luego que discursivamente suena mejor “pueblo” que “plebe”. (No me imagino, por ejemplo, al presidente Calderón diciendo que su único patrón es la plebe.) Por tanto, me parece que los políticos seguirán usando el concepto de “pueblo”, así de general, pero refiriéndose al segmento de menos recursos económicos de la sociedad.1

Salvo, quizá, López Obrador quien se autodefine como un político a favor de los “pobres” en contra de los “ricos”, lo cual entraña un problema interesante. Hace algunos años participé en un estudio para medir la efectividad de ciertos conceptos en discursos políticos. En grupos de enfoque probamos, por ejemplo, qué pensaba la gente con un político que se ponía del lado de los “pobres”. Para nuestra sorpresa, a la gente de menos recursos económicos le disgustaba autoidentificarse como “pobre” o de “clase baja”. Su razonamiento era interesante: como conocían a alguien más pobre que ellos, en comparación se consideraban de “clase media”.

Desde luego que había mucho de aspiracional en esta percepción. A los pobres, aunque objetivamente lo sean, no les gusta sentirse así y prefieren autoidentificarse como de una clase social más alta. Es por ello, creo, que el discurso político a favor de los pobres tiene un límite, lo cual se vio reflejado en los resultados de la elección presidencial de 2006. En un país donde alrededor de la mitad de la población vive en pobreza o en miseria, uno hubiera esperado un mejor resultado del candidato que abiertamente defendía a los pobres. Sin embargo, López Obrador sólo obtuvo un 35% de los votos.
Pero, más allá de la efectividad discursiva del “pueblo” como sinónimo de la clase más pobre del país, hay una pregunta de fondo, muy relevante, para todo país democrático: ¿Qué somos las personas que conformamos este cuerpo político llamado México? ¿Cómo debemos considerarnos? ¿Cómo pueblo o como ciudadanía?

Yo no tengo dudas: como ciudadanía.

Ciudadanía

En el idioma español “pueblo” no es sinónimo de “ciudadanía”. Sí lo es en inglés, donde una de las definiciones del vocablo “people” es “citizenry”, es decir, “el conjunto de ciudadanos de un Estado o país”. No es gratuito que este idioma sí haya desarrollado esta definición. Y es que, como brillantemente demuestra el ensayo de T.H. Marshall, Citizenship and Social Class, publicado en 1950, fue en Inglaterra donde históricamente se desarrolló con más claridad el concepto de ciudadanía.
Marshall argumenta que la ciudadanía tiene tres elementos inherentes: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Y así, en ese orden, se desarrollaron históricamente en Inglaterra.

Primero vino el elemento civil, es decir, los derechos que emanciparon a los individuos de una sociedad feudal. En el pasado no todos tenían los mismos derechos. Una persona gozaba de ciertos derechos y obligaciones por pertenecer a un estamento social. Sin embargo, con el advenimiento de las villas feudales, del sistema capitalista y de la burguesía como grupo social, surgió la idea de que todo individuo —miembro de la ciudad o ciudadano— tenía que tener los mismos derechos civiles: la no esclavitud, las libertades de expresión, pensamiento y religión, así como los derechos a poseer propiedad, firmar contratos legales y reclamar justicia.2

Estos derechos civiles, según Marshall, fueron “indispensables para generar una economía de mercado”. Desde el siglo XVII dichos derechos ayudaron a la formación del capitalismo en Inglaterra. Pero ya en el siglo XIX era claro que estos derechos civiles convivían con una gran inequidad social. “La mayoría de la clase trabajadora no tenía poder político efectivo”. No podían votar. Surgieron los sindicatos que lucharon por el principio de “un hombre un voto”, así como la contratación colectiva. Este movimiento histórico logró un segundo grupo de derechos ciudadanos: los políticos, es decir, que cualquier individuo, independientemente de su condición social, pudiera votar o ser votado para decidir las autoridades de la sociedad.

Marshall argumenta que los derechos civiles y políticos tienen un límite cuando las clases bajas no gozan de educación y de seguridad social. ¿De qué le sirve a un pobre sin educación el que haya libertad de expresión o que pueda votar? De ahí que el siguiente movimiento histórico en Inglaterra fue en el sentido de redistribuir el ingreso a fin de establecer derechos al bienestar económico y la seguridad social. Vinieron, entonces, los derechos sociales, con sistemas públicos de educación y salud, que fueron posibles gracias al desarrollo de un Estado con capacidad de cobrar impuestos.

De esta forma, según Marshall, progresó el concepto de ciudadanía por medio de una secuencia histórica que importa mucho. La historia determinó el concepto, no lo contrario. Al final se desarrollaron tres tipos de derechos vinculados con el término ciudadanía: civiles, políticos y sociales. No es gratuito, entonces, que hasta el Diccionario de la Real Academia Española defina a un ciudadano como el “habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país”.

Hablar de ciudadanía es hablar de derechos y obligaciones en una democracia liberal moderna. Eso es lo que somos —o deberíamos de ser— cada uno de los individuos en el cuerpo político nacional. Sin embargo, por desgracia, México tiene un rezago en la formación de una ciudadanía con derechos civiles, políticos y sociales. Y eso está relacionado con el particular desarrollo histórico donde, por tantos años, se privilegió más el concepto de “clientela” que el de “ciudadanía”.

Clientela

En los gobiernos autoritarios priistas, los derechos siempre se negociaron. No eran generales sino administrados por parte del Estado a través de distintos grupos sociales. Las corporaciones eran las clientelas del Estado. Un individuo gozaba de ciertos derechos por pertenecer o no a estas agrupaciones. A los campesinos el Estado les daba tierras y subsidios económicos a cambio de que no protestaran y votaran por el partido oficial. A los sindicatos les otorgaba prerrogativas laborales y completa impunidad en el manejo de asuntos internos a cambio de lo mismo. A los empresarios les cobraba pocos impuestos a cambio de que éstos no se involucraran en la política.

En el régimen priista el individuo no era ciudadano con derechos civiles, políticos y sociales, era cliente en un sistema donde los derechos se negociaban.

El sistema funcionó, y bien, durante muchos lustros. Hasta que vino la crisis fiscal del Estado. No había manera de seguir financiando a tantos grupos con una recaudación tan baja. El costo del clientelismo mexicano se volvió insostenible.

Vino, entonces, la democratización del régimen político. No voy a repetir lo que ocurrió. Lo importante es que la democracia mexicana comenzó con un déficit de ciudadanía porque históricamente nunca se desarrolló este concepto entre la sociedad: la de individuos con los mismos derechos y obligaciones que conviven en un cuerpo político común.

Uno hubiera esperado, por supuesto, que con la democratización del país hubiera comenzado un vigoroso fortalecimiento ciudadano. Y aunque algo ha sucedido, el proceso ha sido muy lento.

Parte de la culpa, me parece, la han tenido los gobiernos panistas. Para empezar, Vicente Fox, por su origen gerencial y empresarial, pretendió que su gobierno funcionara como una empresa. La administración foxista trataría a la gente como clientes que necesitaban bienes y servicios públicos, como si el Estado fuera Vitro, Alfa, Bimbo o un changarro de la esquina. Esta visión la importaron de Estados Unidos. El gobierno de Bill Clinton había hecho un esfuerzo en este sentido, el cual llamó “reinventar al gobierno”, igual que el título del famoso libro que comenzó esta tendencia. Sin embargo, una cosa es tratar de gestionar a los ciudadanos como clientes, como se pretendió en Estados Unidos, y otra muy diferente es pasar del clientelismo priista a una idea anodina de convertir a los individuos en meros clientes consumidores de bienes y servicios públicos.

Ni funcionó este pensamiento simplista ni se desmanteló el clientelismo priista. De hecho, durante el gobierno de Felipe Calderón ha sido más que evidente el acomodo de los panistas con los viejos grupos corporativos del antiguo régimen. Nada retrata mejor esto que la alianza política de Calderón con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su lideresa Elba Esther Gordillo.

En México se presume mucho de haber alcanzado el derecho político de votar. Pero una verdadera ciudadanía, como se explicó en la sección anterior, no sólo se trata de darles a los individuos una credencial para votar y respetarles su voto. Lo que se necesita es que, desde abajo, la gente se comporte como ciudadanos y se involucre en la solución de los problemas de su colectividad. Y, desde arriba, que se respeten los derechos civiles, políticos y sociales de la ciudadanía.

Sin ciudadanos no hay democracia posible. Por eso, más que pueblo o clientela, lo que México necesita es ciudadanía.

1 El Diccionario de la Real Academia Española no incluye otra definición que la ciencia política sí incluye para “pueblo” y que tiene que ver con una visión romántica, de valores, de identidad nacional. Algunos políticos también utilizan esta acepción en sus discursos.
2 El concepto de “ciudadanía” es hijo de la Ilustración y aspira a ser universal para todos los individuos por los derechos que entraña. En cambio, “pueblo” es un concepto más antiguo, citado incluso en la Biblia, y que tiene connotaciones de todo tipo de valores étnicos, religiosos, culinarios o culturales de ciertos grupos sociales. De ahí que este término sea usado más por políticos nacionalistas que se basan en el ideal romántico de la nación para legitimarse.

Autor: Leo Zuckerman, Politólogo. Profesor afiliado del CIDE. Conductor de Es la hora de opinaren FOROtv.

Fuente: Revista Nexos.

 

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